Profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía, la Procura y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -procedentes de toda España- participan en un curso de especialización sobre ‘La Instrucción en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Análisis de los principales problemas que se suscitan, con especial referencia a los últimos criterios legales y jurisprudenciales’, organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, María Ángeles Carmona, han participado en las jornadas, que se celebran en el Parlamento de Andalucía.

Durante su intervención, Nieto ha transmitido su “agradecimiento y reconocimiento a todos los que desde el sector de la Justicia trabajan por apoyar a las víctimas de violencia de género: jueces, fiscales, abogados, procuradores que despliegan una atención muy vocacional para que las mujeres que sufren este drama no se sientan solas“.

En este sentido, ha destacado la “cualificación profesional y una implicación casi personal para ayudarlas” por parte de los profesionales, por lo que ha instado a las mujeres que sufren esta lacra y a su entorno o a cualquiera que sea testigo a que “no haya agresión física o psicológica sin denuncia”.

Nieto ha subrayado el “consenso político” en torno a la lucha contra la violencia de género, que este año se ha cobrado la vida de diez mujeres (tres de ellas en Andalucía), y “el apoyo técnico y profesional imprescindible” del sector judicial.

“Desde la Consejería de Justicia queremos ser una pieza eficaz en la estrategia judicial contra la violencia de género”, ha subrayado, mediante el refuerzo de los órganos judiciales “que queremos que sean cada vez más especializados” y de herramientas como el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que ha cumplido 25 años ofreciendo un apoyo multidisciplinar a las víctimas de cualquier tipo de delito, si bien el 75% de las personas atendidas son mujeres y la mitad de éstas, víctimas de violencia de género.

“Hoy tenemos al máximo nivel judicial en el Parlamento de Andalucía analizando ese problema, viendo cómo mejorar las herramientas que tenemos, sugiriendo reformas legislativas y mejoras en servicios”, ha destacado.

Violencia vicaria

El consejero se ha referido específicamente a la necesidad de “abordar y atajar la violencia vicaria”, que este año se ha cobrado la vida de siete menores (dos de ellos en Andalucía) asesinados por sus propios padres para hacer daño a sus parejas o ex parejas.

Los menores son siempre víctimas de la violencia de género, cuando presencian los malos tratos de su padre hacia su madre e incluso quedan huérfanos tras el asesinato de ésta, casos para los que este año la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha puesto en marcha una ayuda anual de 5.000 euros hasta que cumplan la mayoría de edad.

“Hay que actuar desde todos los ámbitos”, ha incidido, tras recordar que el sistema VioGEN tiene activos más de 1.400 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria en toda España.

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ ha calificado de “importantísimo” que la lucha contra esta lacra sea hoy en España “una cuestión de Estado que está en la agenda de todas las instituciones y esa coordinación es fundamental”. En este sentido, ha agradecido “la especial sensibilidad con la que la Junta de Andalucía atiende este tema”.

Carmona ha instado a “no dar marcha atrás ni caer en el desánimo” ante las “cifras devastadoras en cuanto a asesinatos” y ha lanzado un mensaje a las mujeres para que “confíen en las instituciones, porque denunciando van a estar protegidas”. “En España y en Andalucía hay muchos recursos, hay casas de acogida, ayudas económicas y sanitarias, apoyo psicológico…”, ha defendido, tras destacar que “es importantísimo que las víctimas se sientan protegidas”, para lo cual cursos como éste persiguen mejorar la formación y especialización de los profesionales de la Justicia.